miércoles, 28 de noviembre de 2012



En Medellín empezó la misión de Baltasar Garzón

EL JURISTA ESPAÑOL inició en esta ciudad su labor como asesor de la Mapp-OEA en Colombia. En Medellín se reunió con víctimas, autoridades locales, organizaciones sociales y desmovilizados de las Auc y la guerrilla.

Andrés Felipe Velásquez | Medellín | Publicado el 27 de junio de 2011


El juez español Baltasar Garzón, durante una visita a la comuna 6 de Medellín como asesor de la Misión de Paz de la OEA, celebró el trabajo que desde allí impulsa la Mesa de Derechos Humanos en esta zona de la ciudad, una de las más afectadas por la violencia en los últimos años.

"En esta comuna no estáis inactivos, sino todo lo contrario. Me sorprende la variedad de compromisos y la variedad de artes", señaló Garzón ante los representantes de organizaciones sociales de la comuna 6 y que vieron la visita del juez como la posibilidad de que el trabajo que realizan tenga eco.

Garzón escuchó uno a uno a los asistentes y tomó apuntes de las necesidades y peticiones de los líderes sociales.

El conocido jurista empezó su trabajo en Colombia como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA) con su visita a Medellín, se reunió con las autoridades locales, exjefes de autodefensas recluidos en la cárcel de Itagüí, víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales.

Todo esto, según lo explicó Marcelo Álvarez, jefe de la Misión, para "recoger información que permita conocer el estado de la justicia transicional en el país y trazar un plan de trabajo que será presentado al Gobierno".

Durante la reunión se hizo un minuto de silencio por Ana Fabricia Córdoba, líder de desplazados asesinada el 7 de junio pasado. Garzón hizo un llamado de alerta sobre esta problemática y señaló que la cantidad de asesinatos de mujeres que se han presentado este año en la ciudad es "un número alto e inaceptable", por lo que se debe trabajar en prevención de la violencia de género y en la judicialización de los responsables de estos crímenes.

Carlos Arcila, coordinador de la mesa de derechos humanos de la comuna 6, celebró la visita y manifestó que "es importante ser visitados por una persona que se ha esmerado por trabajar por la defensa de los derechos humanos".

Arcila expresó su preocupación ante el juez por la vinculación de niños al conflicto armado que vive la ciudad. "Nos encontramos con la dolorosa situación de que los niños han sido usados para matar a otras personas", dijo.

Luz Amparo Mejía, de la línea fundadora de Madres de La Candelaria, le solicitó al juez y a la Misión de la OEA que el acompañamiento que han tenido permanezca, y sea más fuerte ahora con la Ley de Víctimas.

Frente a esto, Garzón puntualizó, antes de retirarse de la reunión, que "la MAPP va a tener un papel relevante en la Ley de Víctimas, sobre todo en la restitución de tierras y así se ha establecido con el Gobierno".

Con víctimas y victimarios

Además de la reunión con la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6 el viernes, un día antes Baltasar Garzón se reunió con organizaciones de víctimas y con altos mandos de la Policía y con el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, Juan Felipe Palau.

Según Marcelo Álvarez, jefe de la MAPP-OEA en Colombia, en esas reuniones se analizaron programas de atención a víctimas. El tema de amenazas y de los recientes homicidios fue ineludible.

"El Estado y las autoridades tienen voluntad y hay avances en protección, pero también una sensación de que no alcanza para garantizar seguridad. Nuestra función será vincular a las víctimas y sus organizaciones para construir un sistema de protección con mecanismos colectivos, pues es imposible brindar seguridad individual a todos", aseguró el jefe de la MAPP-OEA en Colombia.

El sábado, Marcelo Álvarez y Baltasar Garzón se reunieron en la cárcel de Itagüí con exjefes paramilitares como Rodrigo Pérez, alias "Julián Bolívar", y Freddy Rendón, alias "el Alemán". Allí se analizaron problemas de la ley de Justicia y Paz, que según expresaron los postulados son la lentitud del proceso que arroja solo dos condenas, las dificultades para la reconstrucción de los hechos por el "aislamiento" del régimen carcelario y las amenazas a familiares de los exparamilitares que confiesan delitos ante la Fiscalía.

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